Cecilia Fonseca S.
autismopanama
El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció este jueves, 19 de diciembre de 2024, que vetó el proyecto de ley 20, Que establece la protección, inclusión y abordaje integral de las personas con trastorno del espectro autista, en vista del análisis de las opiniones vertidas ante su despacho por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud.
El anuncio del mandatario fue hecho durante su rueda de prensa semanal, no obstante, las cinco páginas que sustentan el rechazo al proyecto presentado por la diputada Yarelis Rodríguez y un amplio grupo de diputados de la Asamblea Nacional, tiene fecha del 10 de diciembre.
En cuanto a las consideraciones tomadas en cuenta y que fueron emitidas por el Ministerio de Salud a través de los doctores Ricardo Goti, Jefe de la Sección de Salud Mental; Edgardo Ureña, jefe de la Sección de Niñez y Adolescencia; y la doctora Geni Hooker, jefa del Departamento de Salud Integral de Niñez y Adolescencia están:
El contenido de la ley redunda en disposiciones previamente establecidas en otras normativas legales vigentes.
Respecto al comité técnico de integración que propone la ley, las funciones de este pueden ser asumidas por organismos existentes y la exigencia de que este comité esté conformado por ministros o directores nacionales afecta el cumplimiento de responsabilidades previamente existentes en los Ministerios y sus Direcciones Nacionales.
Respecto al acceso a la información, orientación, capacitación y apoyo psicológico en instalaciones médicas, deja fuera del ámbito de esta ley a las instalaciones de salud privadas.
En ningún lugar del mundo "todos los establecimientos de salud pública" (sic) cuentan con los equipos, insumos y metodologías para el tratamiento oportuno de las personas con trastornos del espectro autista. La distribución de los recursos debe obedecer a análisis de la demanda existente por área y los recursos disponibles.
En cuanto a la implementación futura de este proyecto de ley, sin una consideración preliminar de los recursos presupuestarios y su alineación con las políticas públicas vigentes representa un posible riesgo dentro de la asignación de partidas y recursos dentro de las instituciones antes mencionadas.
También alegaron que durante la discusión del proyecto adujeron entre otros aspectos que la ley que modificó la Ley de Equiparación de Oportunidades , es decir, la Ley 15 de mayo de 2016, "ya establece el marco general y los fundamentos jurídicos que rigen las pautas y actos normativos para el fortalecimiento de las acciones y políticas en relación con el abordaje integral e interdisciplinario de las personas con discapacidad, y es en esta donde se dispone expresamente el ejercicio efectivo de los derechos, deberes y libertades fundamentales de las personas con discapacidad y sus familias".
Asimismo, que el Ministerio de Salud "[...] brinda salud a toda la población, sin distinción de raza, sexo, condición económica o enfermedad, con los presupuestos exiguos que se le asignan. Así mismo, a través de la Oficina Nacional de Salud Integral para la Población con Discapacidad, se promueve el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad y apoya toda iniciativa en pro de esta población vulnerable, siempre que se respete la autonomía y la no segregación de ninguna persona".
En cuanto a los aportes hechos por el Ministerio de Educación y que fueron tomando en cuenta por el presidente Mulino para vetar la ley por inconveniente están:
Que la iniciativa posee incongruencias o vacíos en sus disposiciones sustantivas y de procedimiento que podrían obstaculizar su ejecución, generar duplicidad, constreñir o limitar la reglamentación, provocar su ineficacia o afectar el disfrute de los derechos adquiridos y conflicto con leyes preexistentes que regulan total o parcialmente la misma materia, incluso con normas reglamentarias que puedan tener un desarrollo más amplio, así como conflictos con la capacidad de administración estatal para implementar la materia.
Además, "recalcan que dentro del Subsistema no regular se atiende, mediante educación especial a las personas que, por sus condiciones físicas, sensoriales, mentales o sociales, no podrán beneficiarse óptimamente del proceso de enseñanza aprendizaje ofrecido por el subsistema regular [...].
Que la "educación especial se da como un proceso permanente tendiente a brindar igualdad de oportunidades en la educación respecto a los demás, cuyos programas de integración para niños, jóvenes y adultos discapacitados exigen la planificación e intervención de todas las partes interesadas, los cuales se desarrollan, en etapas, acorde a las posibilidades de la discapacidad y de los planes y programas implementados por ese ministerio, con su respectivo reconocimiento oficial, por consiguiente, lo propugnado en el presente Proyecto de Ley, en cuanto al derecho a acceder y recibir formación académica, ya se encuentra implícito en su sistema educativo [...]".
"Reconozco el problema en aumento del padecimiento del autismo en Panamá, mi esposa está muy comprometida con esto a través de su despacho y está gestionando cooperación internacional y el establecimiento de lugares especiales para tratar las diferentes clases de autismo", dijo el mandatario a la prensa al anunciar su veto.
"Al devolverla le hago el llamado a la asamblea para que vea el análisis que hicimos del veto y proceda en concordancia a legislar nuevamente y con el mayor de los gustos la firmo y la sanciono como Presidente", indicó. "Limpiemos esos escollos y tratemos de sacar una buena ley y con el mayor gusto la sanciono", añadió.
Una propuesta similar, presentada durante la administración de Laurentino Cortizo Cohen (2019-2024) fue vetada parcialmente y aunque se hicieron las correcciones, el ausentismo legislativo del último mes de gestión impidió que el proyecto de ley fuera devuelto a la Presidencia de la República y convertido en Ley de la República.
En el documento adjunto encontrará el proyecto de ley 20 desde sus primeras etapas. Al final está el veto presidencial.