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El Patronato del Centro Ann Sullivan Panamá también conformará una mesa de trabajo para profundizar en el tema con visión de futuro.

El instrumento que será utilizado es la encuesta modelo de discapacidad de la OMS, un instrumento robusto que permitirá tener una base de datos no solo para uso del Estado sino de la sociedad.

Los miembros del Patronato acordaron recibir a dos representantes de las familias afectadas; la fecha programada para atenderlos es el 20 de febrero.

Tomando en cuenta el valor de este proyecto de ley (467), dice el comunicado, la comunidad de padres y familiares de personas con TEA, requerimos que sea sancionado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen.

La iniciativa legislativa, aprobada en tercer debate este lunes 29 de enero, crea el Comité Técnico de Inclusión, que deberá elaborar y planificar la hoja de ruta para hacer efectiva la ley.

Seis diputados participaron de la discusión del proyecto propuesto por la bancada independiente en 2023 y que fue fusionado con uno presentado por Zulay Rodríguez en 2020.

Los diputados Gabriel Silva, Juan Diego Vásquez y Zulay Rodríguez propusieron una modificación para crear el Comité Técnico de Inclusión, que tendrá a su cargo la hoja de ruta para que se cumpla la ley.

El experto afirma que para empoderarse y defender sus derechos, una persona con autismo necesita saber qué le hace diferente de los demás. Esto también los ayudará a alcanzar la felicidad.

La directora de la Fundación Enséñame a Vivir, miembro del Patronato de CASPAN, dijo que lo que sucede no es más que una muestra de la necesidad que existe en el país de atención a esta población.

La investigación se centra específicamente en Panamá, con el objetivo de comprender cómo las singulares peculiaridades culturales y actitudes sociales de esta región influyen en el uso y la recepción de las historias sociales digitales.

La reunión fue convocada para el 3 de enero de 2024. Aunque la vocera Xenia García confirmó la asistencia, por recomendación del abogado el resto de los afectados pidió cambio de fecha.

Katiuska Martínez dijo que enviar sus hijos a casa viola su derecho a la educación y a la formación laboral, sobre todo, al ser esta la “única oferta pública que nos brindaba atención”.